La presidenta de la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Eleonora Muralles Pineda, se ha dirigido al Congreso de la República a formalizar objeciones contra los candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones, para el período 2019-2024: Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Jenny Noemy Alvarado Tení y Luis Mauricio Corado Campos.
Los tres candidatos están señalados, desde junio de 2019, de haber incumplido y violado la Ley de Comisiones de Postulación, así como las normas éticas del Organismo Judicial, al haber participado en el impulso de una planilla única negociada, en la elección de representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones para integrar la comisión de postulación que nominaría candidatos a la CSJ. Junto a otras magistradas que no quedaron nominadas para la reelección (Zonia Santizo y Gilma Valladares), los candidatos Castellanos Venegas, Alvarado Tení y Corado Campos incurrieron en violación a la ley, al 1) avalar y participar en un evento convocado de manera ilegal por un ente no facultado para hacerlo; y 2) promover una planilla única, con lo que se desincentivó la participación y se vedó la representación de minorías.
Ellos no son idóneos para ser nuevamente electos magistrados de la Corte de Apelaciones, pues sus actuaciones han violado la ley. Así lo confirmó la Corte de Constitucionalidad, que ordenó repetir la elección y aplicar el método de representación de minorías, al otorgar amparo al magistrado Noé Ventura, quien impugnó por ilegal la elección y la planilla única promovida por los objetados. Con ese comportamiento, los nominados objetados incurrieron en faltas a la ética, de manera que también violaron el código del Poder Judicial en esta materia, que debe regir sus actuaciones como magistrados de Apelaciones.
Es inconcebible que estos nominados puedan continuar en el cargo, cuando quedó demostrado que, sin inquietud alguna, participaron en una conspiración para violar la letra y el espíritu de la ley; y las normas éticas que rigen su trabajo.
Adicionalmente, dos de ellos están mencionados en el informe del Ministerio Público, por existir registros de interlocución de Castellanos Venegas y Corado Campos con el privado de libertad y sindicado en al menos cinco casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito, Gustavo Alejos. Ese contacto entre los magistrados y el privado de libertad, expuesto como operador y financista de estrategias para cooptar las cortes, hace sospechar que negociaron las nominaciones y se pone en duda su idoneidad para ejercer el cargo de manera independiente.
Vea aquí el documento con los tres vetos