Dirigentes de las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) e Instituto Centroamericano para la Democracia Social (Demos) presentaron ayer un Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad, documento que tiene como fin aportar al debate de los magistrados y someter a su consideración algunos argumentos sobre las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales y su cuestionada constitucionalidad.
En el documento, las organizaciones indican que varias cláusulas de las Reformas a la Ley de ONG y el Código Civil, contenidas en el Decreto 4-2020, generan serias preocupaciones porque las restricciones planteadas entran en conflicto con las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos, contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y potencialmente violan a la libertad de asociación.
Es posible que las restricciones no se hayan legislado adecuadamente y que su texto sea demasiado vago y amplio para ser considerado “previstas por la ley”. El gobierno tiene amplio poder discrecional para invocar el “orden público” para restringir la libertad de asociación sin límites claramente definidos y tipificados para su aplicación.
Además, las reformas tienden a crear presiones para disuadir la formación de ONG o para que las ONG critiquen de forma pacífica las políticas y posturas del gobierno. Esto corre el riesgo de debilitar el pluralismo y otros valores necesarios para una sociedad democrática.
Puede consultar aquí el documento